Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero

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Una jornada de protestas y resistencia contra la minería en Panamá terminó con la detención de al menos 40 personas. Cientos de panameños exigen al Gobierno de Laurentino Cortizo que revierta la renovación de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Este martes, continúan las manifestaciones ciudadanas con el cierre de vías.

“A nadie consultaron para imponer que Panamá sea un país minero”. Este es el grito de un joven en Ciudad de Panamá que resume la exigencia colectiva de unas protestas contra la minería que este martes 24 de octubre cumplen dos jornadas a nivel nacional.

«¡Prohibido rendirse, abajo la minería!», dice un cartel que sostiene otra manifestante. Sindicatos de trabajadores de la construcción, maestros, comunidades indígenas, estudiantes universitarios, personal sanitario y organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza se sumaron a una jornada de resistencia contra la renovación del contrato con la Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota el mayor yacimiento de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Como medida de protesta cerraron varias arterias viales claves en la capital y en provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé. Los manifestantes aseguran que la respuesta del Gobierno, a través de la Policía, fue la represión. En varios videos se observa a ciudadanos escapar de las bombas lacrimógenas.

“Es un contrato vendepatria. Lesiona nuestra autodeterminación”, dijo Saúl Méndez, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Lo que piden, afirma, es que se derogue la ley que permitió la renovación del contrato y que sea el pueblo quien lo decida en una consulta popular.

La Policía Nacional reportó actos vandálicos durante la protesta. Hasta la mañana de este martes, el ministerio de Seguridad de Panamá informó que han sido detenidas 48 personas, “debido a su participación en actos vandálicos, por cometer el delito de robo a transeúntes en diversas paradas, además de la destrucción de la propiedad privada y del Estado”.

En Chiriquí, en el oeste de Panamá y que limita con Costa Rica y el océano Pacífico, a la altura de La Risacua, manifestantes afirman que la Policía aplicó una “fuerte represión” con el argumento de que se habían vandalizado las cámaras de vigilancia en el sector. Sin embargo, miembros del Suntracs registraron en video que las cámaras estaban intactas. “Es una mentira para justificar mucha represión”, reclamó Geovanni Caballero, parte de la organización, quien denunció que una adolescente de 15 años habría perdido la vista producto del uso excesivo de la fuerza pública.

El contrato con la minera le permite operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga de otros 20 años más. Ubicada en la costa del Caribe, la mina de Cobre Panamá tiene una extensión de 12.955 hectáreas y produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Al ser una minería a cielo abierto, grupos ambientalistas han expresado su preocupación por el daño que causa en el entorno este tipo de explotación.

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Según el contrato, la minera debe realizar un pago anual al Estado de mínimo 375 millones de dólares. Además, en otros rubros, la empresa calcula que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los $770 millones.

Sin embargo, son muchos los críticos frente al contrato. Ese es el caso de Felipe Argote, economista panameño, que afirma que First Quantum le quitará al país económicamente mucho más de lo que aporta.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, defendió el convenio y dijo que 8.000 panameños dependen de este de forma directa y más de 40.000 de manera indirecta. Además, según la empresa, los aportes de la mina representan el 4,8 % del PIB de Panamá.

Las voces críticas y de protestas iniciaron en agosto, cuando el Ejecutivo presentó el contrato al Legislativo para su aprobación. Luego de las discusiones a la interna, con modificaciones en las cláusulas del documento —con 47 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones— la Asamblea Nacional (Parlamento) aceptó, el viernes 20 de octubre, el proyecto de Ley 1100, que renueva el contrato de concesión minera.

Ese mismo día, el presidente de Panamá dio la aprobación final para que se autorice la renovación del contrato y se publique en la gaceta oficial, con lo cual, entra en vigencia. Durante el fin de semana se convocaron protestas que derivaron en una intensa jornada de resistencia que continúa este martes.

Aunque la mina funciona desde 1997, el reclamo es que la negociación del contrato actual se dio pese a que la Corte Suprema de Justicia, en 2017, declaró como inconstitucional el contrato de explotación original porque no representaba los mejores intereses para el Estado. Ahora, según los manifestantes, tampoco se registran las mejores condiciones.

Otros rechazan de manera tajante la minería en Panamá y cuestionan que nunca fueron consultados para que el país sea minero. Todos exigen la derogación de esa ley en una protesta que podría continuar por varios días.

Fuentes: Reuters, AFP y medios locales