Afirma el mando del Ejército que no permitirá grupos armados.
Este fin de semana circuló en redes sociales un video, en el cual un grupo de civiles fuertemente armados y con el rostro cubierto, autodenominado “Frente Oriental Cándido Pérez Marcía”, da a conocer un manifiesto en el que dejan clara su simpatía hacia el Gobierno y vierten amenazas contra quienes sean opositores.
El Nuevo Diario consultó al Ejército de Nicaragua sobre si procederá a desarmar a ese grupo, ya que la Constitución de la República prohíbe la existencia de grupos armados que no sean reconocidos por la ley. La respuesta del vocero del Ejército, coronel Álvaro Francisco Rivas, fue: “Todo lo que actúe en contra de ley expresa, debe responder por sus actuaciones e ilícitos ante las autoridades competentes. En el tema de tenencia y portación de armas de uso civil y restringido la Ley 510 establece cómo debe proceder las autoridades en ellas declaradas como competentes”.
Luego, el coronel Rivas enfatizó que el Ejército de Nicaragua “no va a permitir civiles armados de ningún lado”. Durante más de 6 meses, civiles armados pro Gobierno han actuado contra la población, y el Ejército no los ha desarmado como han pedido los ciudadanos. Sobre por qué el Ejército no ha actuado todo ese tiempo, el coronel Rivas no dio ninguna respuesta.
Por años, antes de abril del 2018, el Ejército de Nicaragua ha perseguido y desarticulado a grupos armados en diferentes zonas rurales del país, tipificados como “bandas delincuenciales”. Incluso, hubo casos que desataron polémicas públicas como el ocurrido el domingo 12 de noviembre del 2017, a las 5:40 a.m., en la comunidad San Pablo XXII, municipio de la Cruz de Río Grande, donde una tropa del Ejército enfrentó a una de esas bandas y murieron dos menores de edad, Francisco Alexander Pérez Valle y Tania Yuheisi Valle.
Seis meses después, mientras en el país se extendían las protestas ciudadanas contra el Gobierno, aparecieron grupos de civiles armados encapuchados operando junto a la Policía Nacional en la represión a los manifestantes, en una abierta violación a la Constitución. Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, exigieron entonces que el Ejército desarmara a esos paramilitares, pero nunca ocurrió.
Roberto Cajina, consultor civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática, opinó que el planteamiento del Ejército de que quienes violan la ley deben responder por sus actuaciones, no aborda con contundencia el rol que tendría que desempeñar el cuerpo castrense para solucionar el problema de los grupos armados.
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